El fiscal federal Federico Delgado propuso hoy que especialistas en Derecho Público de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y cinco universidades privadas dictaminen si es legal o no que los Kirchner posean la consultora privada en finanzas e inversiones "El Chapel S.A.".

"El caso es complejo en términos jurídicos porque es evidente que del hecho investigado deriva una zona gris entre la esfera pública y la privada", expresó el fiscal federal Federico Delgado en la solicitud que hizo al juez federal subrogante Marcelo Martínez de Giorgi.

Complejidad jurídica. El fiscal fundamentó su pedido en "la necesidad de contar con las herramientas necesarias como para analizar la complejidad jurídica del hecho" y recomendó que además de la UBA se consulte a expertos de las universidades privadas San Andrés, Di Tella, Palermo, Católica y Austral.

"Nos enfrentamos ante un caso singular, porque la esfera de lo público y lo privado se rozan, se cruzan; en una palabra, se afectan", abundó el Ministerio Público, que en su momento dio impulso a la causa penal en que la Presidenta Cristina Fernández y el diputado Néstor Kirchner están imputados.

A ambos se les imputa una presunta violación de la ley de ética pública, por el supuesto delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, castigado con uno a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para el funcionario que "se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo".

Máximo al frente. "El Chapel S.A." fue creada el 27 de diciembre de 2007, apenas 17 días después de la asunción de Fernández en la Presidencia, como "Consultoría, actividades Financieras y de Inversión" con domicilio en la calle Alcorta 76, Río Gallegos, el mismo del estudio contable que atiende a los Kirchner.

Al frente del directorio de "El Chapel" figura el hijo de los Kirchner, Máximo Kirchner Fernández, como Presidente, mientras que la mandataria y el diputado nacional quedaron como directores suplentes de la sociedad anónima.  En su última declaración jurada, Fernández de Kirchner incluyó a "El Chapel" y notificó que es propietaria del 45 por ciento de las acciones, adquiridos con "ingresos propios" y por un valor total de 11.250 pesos.

El titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Julio Vitobello, dictaminó que Fernández podía mantener el cargo de directora suplente de "El Chapel" siempre y cuando no lo ejerciera en forma efectiva y que el Estado debía "abstenerse de contratar los servicios" de la consultora.